La retirada de un lote de harina de arroz integral reabre el debate sobre la certificación de los alimentos sin gluten. 

El proceso de producción y certificación de los alimentos sin gluten viene despertando  un gran número de quejas y disconformidades entre el segmento de las pequeñas empresas y artesanos, que representan la mayoría de la producción de este sector en nuestro país. A los costes propios e la elaboración se unen los de los laboratorios y las entidades certificadoras, además de la inversión necesaria que han de realizar las empresas para dotar sus instalaciones de la maquinaria específica imprescindible y de las preceptivas medidas de seguridad, algo que al final necesariamente ha de repercutir en los costes de venta del producto al cliente final. Además, a criterio de José Luis Alonso, supone que “para vender sin gluten has de tener un completo laboratorio, lo cual para los pequeños empresarios resulta prácticamente inviable”.

En nuestro país, las empresas que quieran disponer de una certificación para poder elaborar y comercializar productos sin gluten han de cumplir con los requisitos que se incluyen en los protocolos establecidos por la FACE y en el caso de Cataluña, por la Associacio Celiacs de Catalunya. En ambos casos las empresas deberán realizar una certificación de sus productos a través de una de las entidades certificadoras acreditadas, seis en el caso de FACE, según consta en la web corporativa de la Federación.

Puestos al habla con ACERTA, una de estas empresas certificadoras, el Director General, Matías Romero, nos explica, en grandes rasgos, el proceso de certificación seguido por su entidad con las cerca de 40 empresas españolas certificadas por ACERTA para la producción de alimentos sin gluten : “visitamos las instalaciones para comprobar que el fabricante cumple con los procesos adecuados: sistema de calidad, muestreos, identificación-reacción ante las desviaciones y análisis sistemáticos en laboratorios autorizados”.  Según el criterio de Matías, el coste que supone esta certificación "es perfectamente asumible para una empresa que tenga bien elaborado su plan de negocio",  la cantidad oscila entre los 1.000 y los 2.000 euros anuales, dependiendo de las dimensiones de la empresa y del número de puntos de fabricación que hayan de ser visitados por los auditores. "El protocolo que hemos de seguir es el que establece la Norma FACE", asegura el Director General de ACERTA. 

La alerta provocada por la harina de arroz integral de la empresa valenciana no es más que uno de tantos episodios que suceden, a lo largo del año con el control de los alimentos sin gluten que se comercializan en nuestro país. En el proceso de certificación, catalogación e información hay un cierto desgobierno que exige una inmediata solución por parte de la administración púbica. Los pequeños productores, mayoritarios en el sector,  descontentos con un procedimiento que los empuja a la cuneta. Los celiacos descontentos, reclamando medidas que garanticen el derecho a la información gratuita de la lista de productos sin gluten y ayudas para sufragar los altos costes de los alimentos.

Mientras tanto, los responsables del Gobierno pasando de puntillas, entretenidos con mociones políticas presentadas en las instituciones locales, cuando éstas no tienen competencias en la materia, con lo que convierten sus proclamas en simples manifiestos con fines electoralistas. Por otra parte las asociaciones privadas, con un celo incontenible por seguir manteniendo el monopolio de una información vital para la salud de cientos de miles de celiacos, con riesgo de convertir estas organizaciones en una caja de Pandora cuya última finalidad sea un mantenimiento endogámico de sus estructuras, que garantice su permanencia y en algunos casos la subsistencia de sus dirigentes.